Showing posts with label Constituyente. Show all posts
Showing posts with label Constituyente. Show all posts

Wednesday, 11 February 2009

¿Quién sostendrá a la nueva constitución en Bolivia?

El nuevo triunfo de Evo Morales en el referendo constitucional ratifica, por tercera vez consecutiva, su extraordinario liderazgo en la sociedad boliviana y el apoyo de un gran sector de ésta, superior al 60 %, a la nueva constitución política del estado. En relación a lo primero hay que recordar, más allá de las (previsibles) quejas y mezquindades de sus críticos, que para un país que ha ungido como presidentes a personajes que obtuvieron 34 % de los votos (Sánchez de Lozada en 1993), o 23 % (Banzer, en 1997 o Sánchez de Lozada, otra vez, en 2002) la formidable (y continua) gravitación electoral de Evo constituye un acontecimiento extraordinario, un parteaguas que lo identifica como el primer presidente genuinamente legítimo de la historia boliviana al paso que convierte a cualquiera de los demás en verdaderos pigmeos políticos.
Claro está que dejando de lado el necesario debate sobre el nuevo texto constitucional, y las numerosas leyes que deberán dictarse para hacer realidad sus prescripciones, uno de los problemas más urgentes y graves que se le presentarán al Palacio Quemado tiene que ver con esta pregunta: ¿cuál será el sujeto social que sostenga la vigencia de la nueva constitución? Es preciso aventar los fantasmas del fetichismo constitucionalista, según el cual una vez aprobada una nueva pieza legal ésta adquiere vida propia y se sostiene por sí misma gracias al embrujo que ejerce sobre amigos y adversarios, o a la irresistible disuasión que emana de la presunta majestuosidad de la ley. A propósito de la llamada Constitución de Cádiz de 1812, que instituía significativos avances en la España de la época, Hegel advirtió sobre la inevitable precariedad de un nuevo ordenamiento constitucional que no repose sobre sólidos fundamentos sociales. Tal como lo afirmara en su Filosofía del Derecho, bajo tales condiciones su revocación no demorará ni un minuto más de lo que necesiten las viejas coaliciones conservadoras para reponerse, rearmar su estrategia, diseñar su táctica y salir al campo de batalla, cosa que efectivamente ocurrió a los pocos días de producida la restauración de Fernando VII en el trono de España. En línea con estas observaciones Marx concibió al derecho, y toda la superestructura jurídica, como una expresión de la correlación de fuerzas entre alianzas de clases antagónicas. Correlación que se constituye en varios niveles: electoral, social, político, militar, y donde el primero está lejos de ser el único o el más importante. Por lo tanto, lo que sostiene a la ley no es su racionalidad, su prudencia, su sensatez o su justicia sino el sujeto social (múltiple, plural, pero unificado organizacionalmente) que la hace suya y está dispuesto a defenderla aún a costa de su vida.

¿Podrá Bolivia ser la excepción a esta regla? De ninguna manera. Por eso, aparte de celebrar los avances que la nueva constitución instituye para el pueblo boliviano se impone la necesidad de acelerar la construcción del sujeto social que deberá otorgarle el anclaje social imprescindible para evitar que dicho corpus legal se convierta en una letra muerta. No será con la poética romántica de la multitud como se evitará que la reacción fascista termine por anular la vigencia práctica de la nueva constitución. Esa gente no se postra humildemente ante la ley, y no se arredra ante otra cosa que no sea la fuerza. Por eso, lo que se requiere para sortear este peligro es un paciente trabajo de concientización, movilización y organización del campo popular. En este terreno no hay nada nuevo bajo el sol, y el viejo dictum leninista que decía que la única arma que tiene el pueblo es la organización adquiere, en el escenario boliviano, una renovada actualidad. Desechar esa enseñanza del revolucionario ruso es el camino más seguro para sufrir una catastrófica derrota. La organización del campo popular será lo que permitirá que la nueva constitución se convierta en lo que Gramsci llamaba “un libro viviente” y una plataforma indispensable desde la cual proseguir la siempre inconclusa marcha en pos del socialismo.

La misma noche en que se conocían los primero resultados del referendo algunos de los líderes sediciosos de la Media Luna, especialmente Branco Marinkovic, ya hablaba de fraude, y pretendía vanamente erosionar la legitimidad del triunfo de Evo. Antes había dicho que el referendo sería una farsa; luego de verificada la victoria del proyecto oficial sacó de la galera la peregrina idea de que a menos que la nueva constitución fuese aprobada mayoritariamente en cada uno de los departamentos de Bolivia carecería de toda validez y legitimidad. La lógica política subyacente a este reclamo es muy clara, y para nada inocente: se trata nada menos que de preparar el clima ideológico para justificar, según se desenvuelva el conflicto entre Evo y los jefes de la sedición, la partición de Bolivia. Una mitad, la oriental, que rechaza la constitución y la otra, el altiplano, que sí la acepta. No hay que olvidar que la secesión ha sido el recurso prioritario del imperio en los últimos tiempos, y que el expulsado embajador Philip Goldberg es un especialista en esta clase de tramoyas: las ejercitó intensivamente en los Balcanes y, según algunos observadores, su influencia fue decisiva en viabilizar la secesión de Kosovo. No es casual que ante la progresiva consolidación de gobiernos antagónicos al imperio en Venezuela, Bolivia y Ecuador Washington trabaje pacientemente en cultivar los regionalismos y los autonomismos de todo tipo: el Zulia, en Venezuela; la “república del Guayas”, para oponerse a Correa en el Ecuador; y la Media Luna oriental en Bolivia. El principio en todos los casos es el mismo: si no se puede tumbar al gobierno contestatario hay que fomentar la desmembración territorial mediante una persistente campaña de agitación y propaganda que exalte los sentimientos autonómicos de las regiones y estimule la rebeldía en contra del poder central y su “ilegítima” constitución.

Derrotada en un campo de batalla: el referendo constitucional, la derecha elegirá un nuevo “teatro de operaciones” para, desde un terreno presuntamente más favorable, intentar quebrar la mano de Evo. Ya intentó un golpe de estado el pasado invierno y fracasó, motivando su repliegue táctico, su cambio de discurso (ahora más “razonable y dialoguista”) y su momentánea adopción de la piel de cordero para ocultar su determinación golpista. Pero no hay que hacerse ilusión alguna: no se convertirán en demócratas de la noche a la mañana, ni purgarán su escandaloso racismo y jamás adherirán a nada que se asemeje al socialismo. Aunque Evo obtenga el 95 % de los votos nunca cesarán de acusar al gobierno de ilegítimo y tramposo. Es de crucial importancia que nadie en La Paz tome en serio sus cantos de sirena. Son enemigos irreconciliables, y la masacre perpetrada en Pando no fue un rayo en un día sereno sino una advertencia de lo que puede llegar a ocurrir una vez que los sediciosos se convenzan de la inutilidad de seguir transitando por los caminos de la legalidad y la democracia. Si ahora lo hacen es por un oportunismo táctico, obligado por la derrota de su tentativa golpista. Ante este cuadro lo único que salvará a la nueva constitución y al gobierno popular será la eficacia organizativa y la voluntad de lucha que exhiban las clases y capas populares, y las etnias oprimidas, de Bolivia.

Atilio Borón

www.atilioboron.com

Tuesday, 27 January 2009

Malos perdedores

Sí. Claro, como aquel famoso 'triple empate' que puso al gallo narco en el poder. La misma gente en ese entonces, las mismas estratagemas ahora. ¿Algún día pensarán en algo menos incoherente?

Wednesday, 7 May 2008

¿Una Constitución racista?

A primera lectura es fácil percibir que la nueva Constitución tiene la máxima extensión horizontal de la democracia, en una línea transversal que abarca prácticamente todas las relaciones sociales. Esa línea horizontal es irrenunciable porque ha sido ganada a pulso en una lucha de siglos de exclusión. Lo que es negociable es la línea vertical de funcionamiento del gobierno: todo el tema de las jurisdicciones y competencias centrales o autónomas. ¿Puede, entonces, ser calificada de racista? Magda Lidia Calvimontes, constituyente tarijeña, viene en mi auxilio con un correo muy oportuno del cual selecciono algunos argumentos:

"Si ser racista es darle lo que les corresponde a los bolivianas y bolivianas que son indígenas (llamados así los pueblos de oriente), originarios (los pueblos del occidente) -los mismos que existen antes de la colonia española- y las comunidades campesinas (aquellos que viven de la producción de la tierra en condición de exclusión, en condiciones de pobreza, explotación), SÍ es una Constitución racista,

"Si ser racista es proteger a las mujeres victimas de violencia, SÍ es una Constitución racista.

"Si ser racista es proteger a los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, de la violencia, derecho a la identidad, a la filiación de sus padres desde el nacimiento, SÍ es una Constitución racista.

"Si ser racista es proteger a la familia, preservando que no sean despedidos de sus fuentes de trabajo el padre ni la madre cuando el bebé esta en gestación hasta que cumpla un año, SÍ es una Constitución racista.

"Si ser racista es establecer que el Estado debe otorgar recursos económicos a los que no lo tienen para que puedan educarse hasta salir bachiller, como el bono Juancito Pinto, SÍ es una Constitución racista.

"Si ser racista es proteger los recursos naturales para que beneficien a todos los bolivianos y bolivianas, para que no se vendan a precio de gallina muerta, SÍ es una Constitución racista.

"Si ser racista es castigar a todos los corruptos, establecer la imprescriptibilidad de los delitos contra "los ladrones de cuello blanco", que nunca más podrán ser funcionarios públicos, a todos los que otorgan contratos a sus parientes, a aquellos que manipulando a fiscales y jueces logran actualmente la paralización de procesos de responsabilidad en la Fiscalía General de la República, SÍ es una Constitución racista.

"Si ser racista es la entrega de los títulos de bachillerato gratuitos y de manera inmediata, SÍ es una Constitución racista.

"Si ser racista es establecer que todos los bolivianos y bolivianas tienen derecho al agua, al alcantarillado, a la luz, a las telecomunicaciones, SÍ es una Constitución racista.

"Si ser racista es proteger a los adultos mayores reconociéndoles su derecho a la jubilación (Renta Dignidad), SÍ es una Constitución racista.

"Si ser racista es proteger a los discapacitados, obligando al Estado a cumplir políticas públicas prioritarias, SÍ es una Constitución racista.

"Si ser racista es obligar a las Prefecturas a otorgar los recursos a los municipios para que establezcan políticas públicas a favor de las mujeres, niñas, niños y adultos mayores, SÍ es una Constitución racista.

"Si ser racista es reconocer las formas de organización de los pueblos indígenas, pueblos originarios y comunidades campesinas, respetando sus usos y costumbres;, pueblos indígenas cautivos, manejados por patrones que violan a las hijas de los indígenas y no pagan salarios justos, SÍ es una Constitución racista

"Si ser racista implica la redistribución de la tierra a favor de muchos en contra de las 16 familias que acaparan las tierras productivas, SÍ es una Constitución racista.

"Si ser racista implica que las autoridades judiciales deben ser elegidas, previa calificación de sus méritos, sin apoyo de ningún partido, por voto popular y no por un grupo de personas que tienen el poder, SÍ es una Constitución racista.

"Si ser racista es reconocer el derecho de los departamentos productores de recursos naturales a sus regalías, Sí es una Constitución racista.

Magda Lidia subraya que si la nueva Constitución permite realizar una revolución en democracia y visibilizar a todos los invisibles del país, y aun así es calificada de racista, ella se autodenomina como racista.

Ramón Rocha Monroy

(Tomado de Bolpress)


Wednesday, 12 December 2007

Advertencias de la oposición

Aunque hay políticos en PODEMOS que están lejos de las propuestas del gobierno, advierten con sensatez a los movimientos cívicos y prefecturales sobre los peligros de "perder soga y cabrito", cuando ya la Constitución aprobada este 9 de diciembre (aniversario de la Batalla de Ayacucho) reconoce las autonomías departamentales.
El más claro de ellos es el senador Carlos Böhrt, quien tiene una sólida formación académica como abogado y como magíster en Estudios Latinoamericanos por la FLACSO, México. Böhrt repite las observaciones formales sobre los procedimientos usados para aprobar en grande y en detalle la nueva Constitución, pero admite que de todas maneras la Constituyente aprobó un texto y lo hizo por dos tercios. De modo que más vale que la oposición aliste sus observaciones de fondo, pues si no lo hace, ahora que la nueva Constitución ha sido difundida, se quedarán sin voz y perderán un nuevo escenario de debate.

Böhrt recuerda que queda todavía la opción de votar por el No en el ciclo de referéndums porque NO HAY otro camino democrático que ése. En palabras textuales, dice: "Así como debemos ser demócratas en un escenario, debemos serlo en el otro. No puede existir autonomía sin que se reforme previamente la Constitución y sin que el estatuto autonómico de cualquier departamento sea aprobado en referendo departamental".

Tiene pues razón en decir que es paradójico que algunos dirigentes cívicos y prefecturales exijan la autonomía cuando ya está aprobada, y más riesgoso aún, que quieran arrastrar a TODA la población de sus departamentos a un camino ilegal. Eso es buscar nuevamente el enfrentamiento, con un costo quizá más grave y triste que el que pagamos los cochabambinos el 11 de enero. "Eso no tiene sentido, es una paradoja que terminará desvalorizando e inutilizando las acciones y discursos de quienes hoy pretenden empujar el carro de la autonomía sin reforma constitucional", dice Carlos Bohrt y hay que congratularlo de hablar con probidad intelectual y no encegueciéndose con consignas o críticas meramente formales.

Según Bohrt, los lìderes cruceños están actuando con el respaldo que les dio el referéndum autonómico de 2006. Pero "esa autonomía está amarrada a la Asamblea Constituyente; no se puede hacer autonomía impugnando la nueva Constitución. Esa es una contradicción que los liquidará. O se serenan, se sientan, piensan con calma y reconducen sus posiciones o pueden salir perdiendo", advierte Bohrt.

Luis Vásquez, otro representante de PODEMOS y conocido jurisconsulto, ve acciones ilegales, irregulares y abusivas entre los oficialistas, que han generado una reacción similar en la oposición. Pero añade: "Por supuesto no puedo estar de acuerdo con nada que esté al margen de la ley y la normativa".

Es muy peligroso para el país que gobierno y oposición continúen en esta comedia de equivocaciones que rifan nuestro futuro por disputas formales. Habría que decirles a todos los cerebros del oficialismo y de la oposición: A trabajar. A trabajar en términos legales. A analizar los problemas de fondo. A señalar las contradicciones. A ganarse limpiamente la adhesión de la ciudadanía.

Ramón Rocha Monroy
(Tomado de Bolpress)

Tuesday, 4 December 2007

La Asamblea Constituyente y la tinterillada encubierta

Algunos abogados -por no decir la gran mayoría- son expertos en el arte de la tinterillada, que podría definirse como la habilidad para extender interminablemente los procesos, cobrarle al cliente sumas cuantiosas (que dependerán del poder adquisitivo del cliente en cuestión pero siempre serán elevadas en función a ese parámetro) y lograr resoluciones en base al uso de influencias indebidas sobre personas o interpretaciones impropias de las reglas procesales antes que por su conocimiento del derecho o su planteamiento estratégico de los casos.

Esa podría ser la principal razón por la que en los cursos de especialización en materia procesal los abogados suelen clamar que se establezcan módulos específicos sobre los regímenes de nulidades procesales. El arte de la tinterillada, resumiendo su definición, es el arte de plantear nulidades. “Nulidad porque falta una firma” (más allá de que el contenido del documento es impecable); “nulidad porque no se notificó debidamente” (más allá de que las partes concurrieron al acto); “nulidad por inasistencia de un sujeto específico” (más allá de que la presencia de dicho sujeto no era requerida ni necesaria para el acto); y así podríamos seguir durante todo el transcurso de este texto. La realidad litigante de nuestros días muestra que a los abogados les interesa más la forma que el fondo: por más que el fondo sea impecable, óptimo, insuperable, si hay un error en la forma (nos equivocamos en el margen de la hoja en que presentamos el contenido; olvidamos poner una firma, pusimos la firma con un color distinto al establecido, nulidad porque se presentó una fotocopia y no el original, etc.), el fondo ya deja de ser importante: nulidad por la forma. ¡Nulidad! ¡Nulidad! ¡Nulidad!

Partiendo de la lógica inversa, el Profesor Binder cita en uno de sus textos, referido justamente a este tema, una frase que debería ser recordada por nuestros días y ampliada a otros ámbitos: “Las sanciones de nulidad no son trampas tendidas a la buena fe del juez, del Ministerio Público y de las partes como quieren creer ciertos leguleyos de baja esfera”. En otras palabras, la nulidad es un mecanismo procesal establecido para preservar la legitimidad del fondo, no una herramienta para que desconocedores de la norma u oportunistas de ocasión desestimen el valor del fondo de una cuestión queriendo hacer prevalecer la forma.

¿A qué viene todo esto y cuál su relación con el momento actual de la constituyente? Se preguntará el lector a esta altura. Bien: no puede negarse la relación existente entre Asamblea Constituyente y derecho y tampoco puede obviarse la enorme presencia de abogados que – quizá lamentablemente – ha tenido nuestra Asamblea Constituyente actual. Y esa presencia ha surtido efecto, ya que hoy en día asistimos justamente a la justa aplicación del arte de la tinterillada de esos leguleyos de baja esfera a los que hacíamos referencia: la nulidad por la nulidad misma.

Durante los últimos días hemos oído, leído, percibido por todos los sentidos, el esfuerzo denodado de ciertos personajes vinculados a la política nacional por establecer la idea de que la aprobación en grande de la nueva Constitución Política del Estado es nula (la palabra nula ha sido reemplazada por “autoritaria”, “ilegal”, “ilegítima”, entre otros calificativos, pero el cuestionamiento de fondo es la nulidad de la aprobación en grandel del texto constitucional). ¿Y por qué es nula?:

- Es nula porque la convocatoria debía hacerse con 72 horas de anticipación y ese plazo fue modificado por uno menor de 48 horas;- Es nula porque se aprobó en un lugar distinto al de la sede donde se desarrolló el debate anterior de la Asamblea Constituyente;

- Es nula porque no se aprobó con una votación superior a dos tercios de asambleístas;

Veamos ahora cada uno de esos “argumentos” para solicitar la nulidad de lo actuado por la Asamblea Constituyente: la justificación de establecer plazos para las actuaciones, es posibilitar que los involucrados estén al tanto de que la actuación se va a realizar. En el presente caso, consideramos que prácticamente todo el país estaba al tanto de la necesidad de que la Asamblea Constituyente comenzara a sesionar para tratar el futuro texto constitucional y de los intentos previos realizados para la sesión; por tanto, parece ser de sentido común el pensar que un integrante de la asamblea constituyente con un mínimo interés por lograr el avance del proceso debería haber estado al tanto de esta situación y, en función a ello, se habría cumplido la finalidad del establecimiento de un plazo.

En cuanto a la nulidad por el cambio de sede nuevamente: la justificación para establecer una sede de sesiones es que todos los integrantes de un órgano colegiado puedan llevar a cabo su labor en forma eficiente y eficaz. Ahora, si el lugar en el que se realizan las sesiones es inaccesible, ya sea por circunstancias internas (se produce un derrumbe del edificio en cuestión) o por circunstancias externas (determinados sectores impiden el acceso), ¿esto puede significar que el órgano colegiado debe cesar en sus funciones? Parece de sentido común también pensar que es imposible detener la labor de fondo del órgano colegiado en cuestión (y en este caso, la no pequeña labor de elaborar un nuevo texto constitucional) por esas circunstancias sino que lo que debe buscarse es una solución que posibilite la continuidad del trabajo con el menor costo posible en cuanto a recursos. En ese sentido parece ser más que razonable la decisión adoptada en sentido de fijar la sesión de la Asamblea Constituyente en un lugar distinto que no sólo brindara la comodidad suficiente para continuar con la labor de discusión sino que además (en función a que las circunstancias que impedían la sesión eran externas y violentas) garantizara la seguridad de los miembros del órgano. Los pseudos argumentos que han procurado calificar de autoritaria a una decisión que simplemente posibilitó que la Asamblea continuara con su labor (no se ha sabido hasta el momento de algún tipo de intervención de las fuerzas de seguridad con relación al fondo, es decir a la aprobación del texto en concreto, que permitiera argumentar algún tipo de autoritarismo o presión en la decisión, sino que dichas fuerzas se han limitado a preservar la seguridad de los constituyentes), parecen no tener lugar analizando seriamente los acontecimientos.

Finalmente, el cuestionamiento de los dos tercios es, sin más y como lo venimos afirmando desde el inicio de estas discusiones, una hipocresía. Y es una hipocresía en sentido que quienes lo sostienen pretenden defender la democracia a partir de establecer un poder ilimitado a una minoría. Afirmamos esto ya que siguiendo la incoherencia argumentativa de quienes sostienen que la aprobación debería haberse dado por dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Constituyente (cuando en realidad la aprobación debe darse, como de hecho sucedió, por dos tercios de los presentes), bastaría para frenar la discusión de la Asamblea Constituyente con que un tercio más uno de sus miembros decidieran no asistir a los debates, ya que esto imposibilitaría la votación. Sostener esto es como sostener que si un tercio más uno del total de los votantes de un país deciden no concurrir a las urnas en una jornada electoral, la votación no puede tenerse por válida y debe dejarse al país en la inestabilidad y a merced de una minoría que decide, por la vía de la ausencia (no de la discusión, debate ni construcción de consensos), frenar los cambios necesarios de un país.

Parece ser entonces, que ninguno de los argumentos planteados se sostiene a la luz de un análisis un poco más profundo de los acontecimientos. Pero hay algo aún más triste: estos argumentos son propios de los expertos en el arte de la tinterillada; son propios de los leguleyos de baja esfera. ¿Por qué? Porque son argumentos de forma. Hasta la hora no hemos tenido ninguna argumentación que cuestione la legitimidad del procedimiento de aprobación del texto constitucional en grande por cuestiones de fondo. Nadie, hasta donde hemos conocido, se ha referido al texto constitucional en concreto. Ninguna posición ha manifestado desacuerdos de fondo, desacuerdos por el diseño institucional del país, por los derechos y garantías establecidos o los ausentes. Esto nos lleva a la sospecha de que muchos de los fervientes “defensores de la democracia y la legitimidad” no se han dado a la tarea de revisar el texto constitucional aprobado, ni tienen interés en que la ciudadanía conozca ese texto y sus posibilidades hacia el futuro del país.

El Artículo 8 del texto aprobado establece en su parágrafo I que el Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural el “no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón”, vivir bien, vida armoniosa, vida buena, tierra sin mal y camino o vida noble, con sus respectivas formulaciones en los idiomas originarios. Y a quien se ha dado la labor cívica de conocer el texto aprobado le constará que el desarrollo del texto diseña un Estado orientado al cumplimiento de esos principios ético – morales, tanto desde la función institucional como desde el deber ciudadano. Muchos países de la región y del mundo quisieran tener una meta así de ambiciosa en sus textos constitucionales, que nos oriente y nos obligue a caminar hacia una sociedad igualitaria y respetuosa del otro.

Y quienes creemos en lo expresado en estas líneas consideramos que va siendo hora de comenzar a discutir el fondo, de comenzar a pensar y construir un país que permita transitar ese camino hacia el vivir bien y el camino noble, abandonando la tinterillada y haciendo que los leguleyos de baja esfera, los tinterillos y oportunos, dejen de tener un protagonismo inmerecido y nefasto en nuestra vida social.

Leticia Lorenzo
(Tomado de Bolpress)