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Friday, 29 July 2011

¡Gobernador, devuelva lo robado!

Carta abierta a Luis Adolfo Flores Roberts

Gobernador, devuelva los ejemplares que les robó a nuestros lectores en Cobija

Tal como he solicitado telefónicamente al cc. Iván Cornejo para que le transmita a Ud. mi indignación sin límites por la actitud suya, que raya en lo delincuencial, le reitero mi exigencia para que se proceda a la devolución de los dos paquetes del periódico Sol de Pando que Ud. se apropió indebida y abusivamente, y lo haga mediante Notario de Fe Pública a las mismas manos de la señora Virginia Guachalla, a quien Ud. secuestró en el momento en que dicha ciudadana recogía la carga de las oficinas de Boliviana de Aviación (BOA) el día lunes 11 de julio, obligándola a comparecer en su despacho para “confiscarle” ese medio de subsistencia con que la señora Guachalla mantiene a su humilde pero honesta y trabajadora familia; además de amedrentarla y chantajearla, cobardemente, junto con su encargada de Comunicación Ximena Ruiz (de quien recuerdo, cuando se desempeñaba como comunicadora de la Asamblea Legislativa Departamental, entregó a nuestra redacción una lista de sicarios leopoldistas que hoy trabajan con Ud. en la Gobernación. No dimos lugar a esa información que nos entregó la señora Ruiz porque Sol de Pando no conspira contra nadie ni para desestabilizar a nadie, somos simples militantes de la Sociedad Civil). No intente negar con sinuosas mentiras —a las que por lo visto acostumbra— aquel hecho delictual cometido personalmente por Ud. y sus inmediatos colaboradores al detener indebidamente a doña Virginia Guachalla para sustraerle los periódicos. Ordene a sus subalternos que dejen de hostigar y presionar a aquella laboriosa jefa de hogar. Le exijo le brinde garantías a ella y a su familia mientras sea Ud. Gobernador, que para eso lo es, para dar seguridad a los ciudadanos y no para aterrorizarlos ni chantajearlos. No nos obligue a presentar queja ante el principal Defensor del Pueblo, el Dr. Rolando Villena.

La osadía con que actuó abusando de su condición de máxima autoridad del Departamento —al extremo de haber intentado retirar los dos paquetes del TAM a “simple orden” suya aprovechando la subordinación que le deben los funcionarios militares (lo que afortunadamente no se dio ya que por razones de itinerario hice el despacho vía BOA)—, causó extrañeza a voz en cuello entre los asiduos lectores de Sol de Pando en Cobija al no haber circulado ni un solo ejemplar del quincenario en esta ciudad. No es posible que 2.000 ejemplares se hayan esfumado como por arte de magia, como no es posible tapar el sol con un dedo. Inténtelo y el resplandor de la verdad le cegará más.

Como consta en la nota de remisión que emitió BOA en su oficina de Cochabamba, se han despachado con destino a Cobija dos paquetes conteniendo cada uno 1.000 ejemplares de Sol de Pando, es decir 2.000 ejemplares, con un peso total de 39 kilos. Ese es el volumen que Ud. robó de manos de mis canillitas en las puertas de BOA, el mismo que, reitero, debe devolver ante Notario de Fe Pública previo pesaje pericial. No permitiré, aún a costa de mi vida, que mis lectores en Cobija se queden sin adquirir sus ejemplares de la edición Nro. 22 sólo porque a Ud. se le ocurrió impedir la circulación de aquel número. En uno de los paquetes existían envoltorios dirigidos a la Fsutcp y la Cipoap, en cumplimiento de convenios, entre otros. Devuelva lo que nos robó a todos, Gobernador.

No entiendo las razones de aquella su sinrazón, máxime si dice Ud. ser abogado de profesión. Cuando la tuvo retenida a la señora Guachalla en su despacho, le dijo que Sol de Pando no circularía en Cobija porque contenía difamaciones contra Ud. y su familia. Contra su familia no tengo nada y respeto su privacidad. Sol de Pando reprodujo información difundida por otros medios de prensa respecto a su desempeño nepótico como servidor público. Si eso le molesta o mella su devaluado honor, no les robe el periódico a mis lectores de Cobija. Enjuícieme, que para eso está el Tribunal de Imprenta.

El daño que ha causado con su deshonrosa e ilegal acción, tiene una magnitud que a lo mejor su mezquina visión no le permite dimensionar. Ha atentado contra mi derecho al trabajo y contra mi trabajo mismo. Usted que conoce algo de producir periódicos al apoyar a su hermano con “Expresión de Pando”, debería saber que realizar una obra como Sol de Pando quema pestañas y deteriora la salud. Obtener la información abriendo diversas fuentes, sistematizar los datos y redactarlos, diagramar las páginas, editarlas, corregirlas, luego empaquetarlas y embarcarlas a varias ciudades del país, sin más apoyo que mi pasión de periodista, no es darse un cuesco si cree apestosamente que lo es. Y encima quitarle el pan a la boca de mis hijos para cubrir los elevados costos que supone elaborar e imprimir un producto de excelencia, como el que merece el pueblo de Pando, ni le digo.

En su afán de encubrir sus turbios negocios familiares abusando de su función pública, Ud. se faltó el respeto y nos faltó el respeto a todos. Le faltó el respeto al señor vicepresidente García Linera cuya declaración e imagen figuraban en primera plana. Le faltó el respeto al hermano Lucio Ayala de la Cidob que nos brindó una entrevista reclamando el retorno de los Pacahuara a Pando, les faltó el respeto a los Pacahuara, le faltó el respeto a la Fsutcp que emitió un documento propugnando una nueva Ley Forestal y, lo que es más dañino, faltó el respeto a las pocas pero muy solidarias empresas e instituciones que con su apoyo publicitario nos permiten cubrir costos y dar vida a Sol de Pando, entre ellos la ONG Crecer, el Banco Unión, Boliviatel, Alba-TCP y la Aduana Nacional, que nos eligieron como vehículo para llegar al mercado de Cobija, sin sospechar jamás que nada menos un Gobernador pondría semejante traba a esta opción inédita de desarrollo local.

Cambie de conducta Gobernador, se lo exige el proceso de cambio del cual es Ud. funcionario. Honre la confianza que depositó en Ud. el presidente Evo Morales. Para empezar devuélvanos lo que nos quitó en su, quizá, bienintencionado pero ilegal deseo de “proteger” a su familia de las “difamaciones” de Sol de Pando. Deje de abusar de su poderoso cargo.

Cochabamba, julio del año 2011
Wilson García Mérida
Director Sol de Pando

Edición impresa, su portada, Del 6 al 22 de julio | 2011 Nro.22
"CONFISCADA" POR LUIS ADOLFO FLORES ROBERTS

Thursday, 16 October 2008

Historia de una institución que preserva la ética del Periodismo Boliviano: A 80 años de la ley de imprenta

Se fue formando al calor de las pugnas ideológicas que, en el siglo 19, protagonizaron los demócratas liberales y los conservadores autoritarios, forjando la singular ética combativa y humanista de los periodistas bolivianos.

El 19 de enero de 1925, hace exactamente 80 años, el presidente Bautista Saavedra promulgó la Ley de Imprenta, institución jurídica que nació tras un intenso debate nacional prolongado desde 1826, cuando el gobierno del mariscal Antonio José de Sucre, fundador de la República, aplicó la Constitución Bolivariana introduciendo la penalización del llamado 'abuso de la libertad de imprenta'.

La necesidad de penalizar los excesos delictuosos del periodismo y otras formas literarias (entonces circunscritas sólo a la tecnología de imprenta o prensa) de difundir ideas y propalar información -respetando a la vez la libertad de expresión en un marco constitucional- es un dilema tan antiguo como el Estado mismo y fue resuelto desde la doctrina democrático-liberal ya en los albores de la naciente Bolivia.

La Ley de Imprenta es un desprendimiento del Código Penal (de hecho es una ley penal, no ordinaria, para castigar la calumnia y la difamación en el trabajo periodístico) que confluyó hacia preceptos libertarios (para garantizar la libre expresión y el derecho a la información) en un ámbito de jurisdicción especial centrada en los Jurados de Imprenta. Fue así cómo confluyeron sabiamente el Derecho Penal y el Derecho Constitucional, las dos vertientes de la Ley de Imprenta, creando un escenario donde las esferas privada y pública están claramente delimitadas. Esta Ley protege el honor y la privacidad de los ciudadanos comunes y castiga severamente a quienes, haciendo abuso de su pluma, hacen escarnio de esos derechos fundamentales de las personas (el honor y la privacidad); pero a la vez garantiza la labor de los periodistas honestos en la tarea de fiscalizar el interés colectivo y luchar contra potentados y gobernantes corruptos.


Una institución histórica

Aquel equilibrio entre lo Penal y lo Constitucional atravesó un proceso de intensa pugna entre las fuerzas del recurrente autoritarismo y de la esporádica democracia. La Ley de Imprenta es fruto de los avances y retrocesos en la correlación de ambas fuerzas que marcaron y marcan aún el devenir histórico de Bolivia. Veamos esta breve cronología:

1826: Sucre impone una Ley calificando los 'abusos de la libertad de imprenta' y sancionando a los infractores con penas de destierro y cárcel.

1834: El Código Penal adoptado por el gobierno del mariscal Andrés de Santa Cruz flexibiliza las penalidades de Sucre y sienta las bases coercitivas de la actual Ley de Imprenta instituyendo la tipificación del 'delito de imprenta'. Establece sanciones pecuniarias y corporales para quienes incurran en ese delito abusando de la prensa; define la individualización de las penas en los autores que firmen los escritos y prevé la responsabilidad subsidiaria de editores e impresores en caso de anónimo. Este mismo Código Penal garantiza la libertad constitucional de escritores y periodistas para criticar y denunciar las injusticias sociales y los malos actos del gobierno; y en su artículo 477 garantiza el secreto del anónimo como un derecho inviolable que será consagrado por la futura Ley de Imprenta.

1851: El gobierno de Belzu contribuye en esta legislación dictando un Decreto Supremo que otorga plenos derechos de imprenta a escritores y periodistas para fiscalizar los actos políticos y administrativos de los funcionarios públicos. El decreto de Belzu exigía que los gobernantes acusados por la prensa inicien juicio a sus acusadores para vindicarse, en un plazo perentorio de cuatro meses, y en caso de no hacerlo al cabo de ese plazo las acusaciones se tomarían como hechos probados con la inmediata destitución del funcionario denunciado. En la futura Ley de Imprenta este gran avance se limitará a una simple prescripción (fenecimiento del caso) a los cuatro meses tras publicada la denuncia.

1855: El presidente Córdova, seguidor de Belzu, emite un Decreto obligando a que las acusaciones de prensa contra personas particulares (que no ejercieran función pública) lleven firma responsable de su autor, siendo responsable de la omisión el editor o impresor. El anónimo, como fuente y autoría, es admitido sólo en caso de denuncias contra funcionarios públicos.

1858: La dictadura de Linares anula los decretos de Belzu y Córdova prohibiendo terminantemente, mediante otro Decreto, la fiscalización de los actos administrativos así como la discusión impresa de cuestiones políticas 'y toda publicación que comprometa el orden público'. Durante el gobierno de Linares era delito escribir y publicar en contra de cualquier funcionario público.

1861: La Asamblea Constituyente reunida durante el gobierno de José María Achá, derogando el decreto de Linares, profundiza y perfecciona el proceso jurisdiccional del derecho de imprenta mediante la Ley de Bases que instituye los Jurados de Imprenta, paralelos a los tribunales ordinarios, para formar una jurisdicción especial donde serán procesados escritores y periodistas. La Ley de Bases de 1861 sienta los fundamentos definitivos de la futura Ley de Imprenta al delimitar los derechos privados de los ciudadanos comunes frente a las atribuciones de los escritores y periodistas para denunciar actos anómalos de gerentes y gobernantes en el ejercicio de sus funciones.

Esta Ley establece que las personas particulares denigradas públicamente (e incluso funcionarios públicos por hechos relativos a su vida privada) podrán enjuiciar a sus detractores mediante la vía ordinaria del Código Penal; y los jurados especiales de Imprenta sólo conocerán quejas de funcionarios públicos o gerentes de sociedades anónimas por hechos estrictamente relativos al ejercicio de sus cargos. En ese marco, la Ley de Bases también ratifica que el secreto del anónimo es inviolable.

1881: El presidente Narciso Campero impone un retroceso en la Ley de Bases dictando un Decreto que exige a los impresores y talleres gráficos contar con un garante personal o fiador muy solvente, que será sujeto de juicio y sanción por la vía ordinaria en caso de libelo contra miembros del gobierno.

1888: En el contexto de la acérrima confrontación entre liberales y conservadores, el gobierno de Aniceto Arce, buscando acallar a la prensa opositora del liberalismo, suprime los Jurados de Imprenta y dispone la detención preventiva de escritores y periodistas al momento de iniciárseles procesos por la vía ordinaria.

1900: Tras la Revolución Federal, el presidente José Manuel Pando promovió la restitución de la Ley de Bases de 1861 mediante un Reglamento de Imprenta que, entre otros aspectos, reactualiza la vigencia de los Jurados de Imprenta como parte consustancial de la democracia municipal.

1918: El Partido Radical a través del gobierno de Gutiérrez Guerra deja sin efecto el Reglamento de Imprenta del 900, los Jurados de Imprenta vuelven a ser proscritos por considerárselos 'impracticables', y a través de un Decreto permite que los funcionarios gubernamentales acusados por la prensa de corrupción y negligencia enjuicien a sus detractores por la vía ordinaria. Esta disposición conocida como la 'Ley del Candado' también elimina el principio de individualización de la responsabilidad del escritor o periodista, co-imputando automáticamente a editores e impresores, lo cual impidió el libre ejercicio literario y periodístico.

1920: El gobierno republicano de Bautista Saavedra emite un Decreto Supremo restituyendo el Reglamento de Imprenta de 1900 (y por tanto la Ley de Bases de 1861) y devuelve vigencia a los Jurados de Imprenta que deben ser constituidos por 40 ciudadanos notables de la comunidad, convocados por el Concejo Municipal de cada Comuna, para instalarse con 12 miembros depurados y sorteados en cada caso a ser procesado, bajo la presidencia de un Juez de Partido en lo Penal.

1925: El Decreto del 17 de julio de 1920 es elevado a rango de Ley por iniciativa de los congresales José Quintín Mendoza, David Alvéstegui, León Manuel Loza, Bernardo Navajas Trigo y Felix Capriles. Es la que conocemos hoy como Ley de Imprenta.



Hacia la Constituyente

Como acabamos de constatar, la Ley de Imprenta promulgada el 19 de enero de 1925 es más 'antigua' de lo que se supone, tanto como el Código Penal, el Código Civil o la propia Constitución Política del Estado. Al igual que aquellas instituciones jurídicas, la Ley de Imprenta tuvo una evolución intensa desde la fundación de la República particularmente en el siglo IXX, al fragor de una tensión ideológica permanente entre demócratas liberales y autoritarios conservadores. En el siglo XX, los códigos Penal y Civil -y la propia Constitución- fueron varias veces modificados y reformados, sin desaparecer, ajustándose las necesidades concretas de cada coyuntura histórica; pero la institución de la Ley de Imprenta no tuvo esa suerte, se estancó en 1925 sufriendo una desactualización en su forma aunque permanece vigorosa y sabia en su espíritu.

Primero la Guerra del Chaco y los sucesivos gobiernos militares que emergieron de aquel conflicto bélico, luego la Revolución de 1952 con su secuela de dictaduras partidarias y castrenses, y finalmente el neoliberalismo autoritario con su arraigada cultura de corrupción, condenaron a la Ley de Imprenta a un deliberado olvido y marginación de las voluntades políticas que impidieron que esta importante Ley se modernice y se enriquezca con el advenimiento de la radiofonía, la televisión y el internet como nuevos medios de expresión e información, además de la imprenta. Para las generaciones de políticos que emergieron con la revolución del 52 enriqueciéndose en el Poder, no fue necesario abolir la Ley de Imprenta. Fue suficiente la liquidación de la democracia municipal, que es la fuente constitutiva de los Jurados de Imprenta. A partir de 1951 los concejos municipales dejaron de funcionar durante más de 35 años, confinando a la Ley de Imprenta a un estancamiento formal que a los regímenes neoliberales no les interesó superar.

La próxima Asamblea Constituyente, que se supone profundizará la democracia fortaleciendo las instituciones jurídicas y ciudadanas, tendría que asumir la impostergable tarea de actualizar la letra de la Ley de Imprenta poniéndola a altura del siglo XXI, sin dañar su espíritu libertario, articulándola de mejor manera con otras normas vigentes y concomitantes como la Ley de Funcionario Público, la Ley de Partidos (que da a los políticos rango de servidores públicos) y el propio Código Penal, el cual desde las reformas de Banzer desconoce la existencia institucional de la jurisdicción de Imprenta que acaba de cumplir 80 años. No debemos olvidar que la Ley de Imprenta es recíproca con el Código Penal al derivar ciertos casos a la vía ordinaria, de hecho los Jurados de Imprenta son presididos por un Juez de Partido en lo Penal; pero el Código se resiste a reconocer esta jurisdicción especial. La Constituyente debería resolver esta crisis de reciprocidad.

Wilson García Mérida
DATOS & ANALISIS

Nota: Texto originalmente publicado en La Fogata el 21 de enero de 2005 pero que viene muy a propósito en las actuales coyunturas del país.

Thursday, 18 September 2008

¿Pero, y el Washington Post no es un periódico con autoridad?

Alguien va a recordar el caso Watergate y la labor que realizaron dos periodistas del Washington Post en la búsqueda de la verdad. Es evidente que esta capacidad se perdió por el diario de la capital de los EE.UU., al menos en lo que respecta a los hechos de América Latina, convirtiéndose en un simple repetidor de mensajes del gobierno.

La Razón ha informado (en el enlace aquí) de un artículo del WP cuyo subtítulo es muy significativo: "Evo Morales lleva su país hacia la desintegración o la guerra civil". El resto del artículo contiene una gran cantidad de malas informaciones que dan una idea clara de por qué los EE.UU. ha perdido de manera rotunda con América Latina. No hay prácticamente una sola frase correcta, aun cuando afirman que "oppposition governors deserve blame for tolerating - at least- violence by their supporters”, sea a dir, los gobernadores opositores merecen una amonestación a tolerar, al menos, la violencia de sus partidarios. No es asì, porque como sabemos son los prefectos en la primera persona que han alimentado la violencia y los enfrentamientos.

En este sentido, por último, Leopoldo Fernández, el prefecto de Pando fue detenido y será sometido a un proceso penal por los incidentes ocurridos en Porvenir (notas de exhaustividad, el diálogo con el gobierno se procede con dificultad pero sigue, como se informó RED ERBOL).

Otros errores son cuando dice que "El señor Morales en Bolivia sigue siendo el jefe de provocadores. Alentado por su victoria en un referéndum en agosto, ha intentado programar otro referéndum sobre su constitución, lo que aumentaría considerablemente su poder"(?), es evidente que ni siquiera han leído el nuevo proyecto de CPE.

En fin, como tradicion de los EE.UU., pasan a las amenazas: "Pero los Estados Unidos, sin embargo, tienen la palanca. Bolivia recibe más de 100 millones de dólares anuales en ayuda americana, y al menos 30.000 puestos de trabajo en el país más pobre de América del Sur dependerá de la renovación de las preferencias comerciales que expiran en diciembre. La administración y el Congreso debería vincular las concesiones comerciales a un acuerdo entre el señor Morales y la oposición que los términos de uso de la fuerza por ambos lados y conserva una democracia liberal"

Siguendo hablar de la Razón, en este artículo, el Presidente Bush dijo que Bolivia, Venezuela y Birmania han fracasado en la lucha contra el tráfico de drogas, obviamente, en lo que respecta a Bolivia, no ha leído este artículo en el Time de 5 de agosto de 2008 (encontrado por Rocco Cotroneo de Corriere della Sera), que habla de formidables éxitos contra las drogas en Bolivia.

Tal vez los periodistas italianos que escriben sobre América Latina que necesitan algo para entender por qué Goldberg fue perseguido, me parece que los artículos citados les dan para la reflexión.
PS: Hablando siempre de los EE.UU., hizo ayer una verdadera nacionalización de una compañía de seguros (véase El País, que habla desde el título mismo de la nacionalización, mientras que el Corriere no tiene la valentía y sólo admite en el texto). Por lo tanto, debe inferirse que el gobierno neoliberal de Bush ha hecho algo más de « estatalista » de lo que ha realizado Evo hace 2 años, sin que desatar acusaciones de régimen socialista y de un ataque contra la libertad de mercado…
Gentileza de ANTICAP
(Reproducido con permiso del autor)