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Friday, 29 July 2011

¡Gobernador, devuelva lo robado!

Carta abierta a Luis Adolfo Flores Roberts

Gobernador, devuelva los ejemplares que les robó a nuestros lectores en Cobija

Tal como he solicitado telefónicamente al cc. Iván Cornejo para que le transmita a Ud. mi indignación sin límites por la actitud suya, que raya en lo delincuencial, le reitero mi exigencia para que se proceda a la devolución de los dos paquetes del periódico Sol de Pando que Ud. se apropió indebida y abusivamente, y lo haga mediante Notario de Fe Pública a las mismas manos de la señora Virginia Guachalla, a quien Ud. secuestró en el momento en que dicha ciudadana recogía la carga de las oficinas de Boliviana de Aviación (BOA) el día lunes 11 de julio, obligándola a comparecer en su despacho para “confiscarle” ese medio de subsistencia con que la señora Guachalla mantiene a su humilde pero honesta y trabajadora familia; además de amedrentarla y chantajearla, cobardemente, junto con su encargada de Comunicación Ximena Ruiz (de quien recuerdo, cuando se desempeñaba como comunicadora de la Asamblea Legislativa Departamental, entregó a nuestra redacción una lista de sicarios leopoldistas que hoy trabajan con Ud. en la Gobernación. No dimos lugar a esa información que nos entregó la señora Ruiz porque Sol de Pando no conspira contra nadie ni para desestabilizar a nadie, somos simples militantes de la Sociedad Civil). No intente negar con sinuosas mentiras —a las que por lo visto acostumbra— aquel hecho delictual cometido personalmente por Ud. y sus inmediatos colaboradores al detener indebidamente a doña Virginia Guachalla para sustraerle los periódicos. Ordene a sus subalternos que dejen de hostigar y presionar a aquella laboriosa jefa de hogar. Le exijo le brinde garantías a ella y a su familia mientras sea Ud. Gobernador, que para eso lo es, para dar seguridad a los ciudadanos y no para aterrorizarlos ni chantajearlos. No nos obligue a presentar queja ante el principal Defensor del Pueblo, el Dr. Rolando Villena.

La osadía con que actuó abusando de su condición de máxima autoridad del Departamento —al extremo de haber intentado retirar los dos paquetes del TAM a “simple orden” suya aprovechando la subordinación que le deben los funcionarios militares (lo que afortunadamente no se dio ya que por razones de itinerario hice el despacho vía BOA)—, causó extrañeza a voz en cuello entre los asiduos lectores de Sol de Pando en Cobija al no haber circulado ni un solo ejemplar del quincenario en esta ciudad. No es posible que 2.000 ejemplares se hayan esfumado como por arte de magia, como no es posible tapar el sol con un dedo. Inténtelo y el resplandor de la verdad le cegará más.

Como consta en la nota de remisión que emitió BOA en su oficina de Cochabamba, se han despachado con destino a Cobija dos paquetes conteniendo cada uno 1.000 ejemplares de Sol de Pando, es decir 2.000 ejemplares, con un peso total de 39 kilos. Ese es el volumen que Ud. robó de manos de mis canillitas en las puertas de BOA, el mismo que, reitero, debe devolver ante Notario de Fe Pública previo pesaje pericial. No permitiré, aún a costa de mi vida, que mis lectores en Cobija se queden sin adquirir sus ejemplares de la edición Nro. 22 sólo porque a Ud. se le ocurrió impedir la circulación de aquel número. En uno de los paquetes existían envoltorios dirigidos a la Fsutcp y la Cipoap, en cumplimiento de convenios, entre otros. Devuelva lo que nos robó a todos, Gobernador.

No entiendo las razones de aquella su sinrazón, máxime si dice Ud. ser abogado de profesión. Cuando la tuvo retenida a la señora Guachalla en su despacho, le dijo que Sol de Pando no circularía en Cobija porque contenía difamaciones contra Ud. y su familia. Contra su familia no tengo nada y respeto su privacidad. Sol de Pando reprodujo información difundida por otros medios de prensa respecto a su desempeño nepótico como servidor público. Si eso le molesta o mella su devaluado honor, no les robe el periódico a mis lectores de Cobija. Enjuícieme, que para eso está el Tribunal de Imprenta.

El daño que ha causado con su deshonrosa e ilegal acción, tiene una magnitud que a lo mejor su mezquina visión no le permite dimensionar. Ha atentado contra mi derecho al trabajo y contra mi trabajo mismo. Usted que conoce algo de producir periódicos al apoyar a su hermano con “Expresión de Pando”, debería saber que realizar una obra como Sol de Pando quema pestañas y deteriora la salud. Obtener la información abriendo diversas fuentes, sistematizar los datos y redactarlos, diagramar las páginas, editarlas, corregirlas, luego empaquetarlas y embarcarlas a varias ciudades del país, sin más apoyo que mi pasión de periodista, no es darse un cuesco si cree apestosamente que lo es. Y encima quitarle el pan a la boca de mis hijos para cubrir los elevados costos que supone elaborar e imprimir un producto de excelencia, como el que merece el pueblo de Pando, ni le digo.

En su afán de encubrir sus turbios negocios familiares abusando de su función pública, Ud. se faltó el respeto y nos faltó el respeto a todos. Le faltó el respeto al señor vicepresidente García Linera cuya declaración e imagen figuraban en primera plana. Le faltó el respeto al hermano Lucio Ayala de la Cidob que nos brindó una entrevista reclamando el retorno de los Pacahuara a Pando, les faltó el respeto a los Pacahuara, le faltó el respeto a la Fsutcp que emitió un documento propugnando una nueva Ley Forestal y, lo que es más dañino, faltó el respeto a las pocas pero muy solidarias empresas e instituciones que con su apoyo publicitario nos permiten cubrir costos y dar vida a Sol de Pando, entre ellos la ONG Crecer, el Banco Unión, Boliviatel, Alba-TCP y la Aduana Nacional, que nos eligieron como vehículo para llegar al mercado de Cobija, sin sospechar jamás que nada menos un Gobernador pondría semejante traba a esta opción inédita de desarrollo local.

Cambie de conducta Gobernador, se lo exige el proceso de cambio del cual es Ud. funcionario. Honre la confianza que depositó en Ud. el presidente Evo Morales. Para empezar devuélvanos lo que nos quitó en su, quizá, bienintencionado pero ilegal deseo de “proteger” a su familia de las “difamaciones” de Sol de Pando. Deje de abusar de su poderoso cargo.

Cochabamba, julio del año 2011
Wilson García Mérida
Director Sol de Pando

Edición impresa, su portada, Del 6 al 22 de julio | 2011 Nro.22
"CONFISCADA" POR LUIS ADOLFO FLORES ROBERTS

Thursday, 25 June 2009

Bolivia: El factor Pando

Un excelente artículo de Wilson que me llegó por correo.


BOLIVIA: El factor Pando

http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=7911&lg=es

AUTOR: Wilson GARCÍA MÉRIDA

(Datos & Análisis).- “El Gobierno ejecuta un plan para que Pando sea masista”, fue el titular con que el pasado lunes (15 de junio) el diario opositor La Razón publicó un extenso informe que, por los datos que contiene, bien pudo calificar como un encomiable reportaje periodístico; pero por la forma en que los editores manipularon esa información subordinados a una línea política racista y separatista, La Razón termina perdiéndose a sí misma.
La mala fe con que el periódico paceño pretende desacreditar las acciones que emprende el gobierno de Evo Morales para recuperar e integrar aquel territorio secularmente excluido del patrimonio boliviano, incurre en una flagrante violación al artículo 24 de la nueva Constitución Política del Estado que considera traición a la patria todo acto que atente contra la unidad del país, mereciendo “la máxima sanción penal” según estipula la actual Carta Magna.
A partir de la nueva Constitución, en Bolivia el separatismo es un delito de traición a la patria, figura en que incurre el periódico opositor con el agravante de un solapado racismo que ahora es también inconstitucional.

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No otra cosa significa la manera en que dicho medio informativo estigmatiza a aquellos miles de bolivianos pobres y miserables del campo y las ciudades, de todo el país, que, con un franco sentido de integración y unidad nacional, vienen migrando al norte amazónico para poblar ese antiguo territorio feudal dentro un plan estatal para integrar a Pando, como nunca antes, en la nueva estructura republicana del emergente Estado Plurinacional. “Todos son collas”, dice La Razón, “la mayoría recién llegados a Pando, donde en el último tiempo el flujo migratorio se ha disparado como efecto de un plan de MAS para teñir a Pando con los colores oficialistas”.

El nuevo director de La Razón pretende mostrar a esos bolivianos “collas” como una plaga masista que invade ese otrora inaccesible territorio controlado por las mafias políticas y criminales que hicieron de Pando un feudo familiar. La Razón insiste en tratar a esos migrantes pobres como “invasores”. Por lo visto, este periodismo prefiere que nuestros compatriotas sin tierra ni trabajo busquen nuevos horizontes migrando indignamente a España o Argentina. Pero “invadir” Pando jamás, ya que, según “informa” este medio, la llegada de aymaras, quechuas y guaraníes a esa zona alejada del amazonas boliviano destruirá incluso el medio ambiente. “Una de las principales preocupaciones de los pandinos es que, con la migración que se da de otras regiones del país, se dañe el ecosistema de su región”, dice una burda nota en recuadro.

“Si bien el fenómeno migratorio no es nuevo en este Departamento como lo demuestran varios estudios, la cantidad de gente que se trasladó en los últimos años llama la atención”, sostiene el reportaje de La Razón, haciendo gala de un ignorante e indolente desprecio por la dramática historia del Departamento más joven y pobre de Bolivia, hoy a expensas de la influencia brasileña sobre una frontera plagada de narcotráfico y contrabando.

Efectivamente, desde que fue creado el 24 de septiembre de 1938, dos años después de la Guerra del Chaco durante el gobierno Presidente y militar patriota Germán Busch, Pando fue un objetivo inalcanzable del Estado para sentar su soberanía con necesarios flujos poblacionales de occidente, habida cuenta que su población nativa fue sistemáticamente diezmada por los explotadores mafiosos del caucho y la castaña. El académico Pablo Villegas recuerda que “cuando se ‘revirtieron’ las concesiones al Estado en 1953, la colonización era nula; el Beni y Pando estaban despoblados: menos de un habitante por kilómetro cuadrado en Beni y casi un décimo de un habitante en Pando”. Las dictaduras militares agudizaron ese despoblamiento restringiendo el acceso a la tierra para unas cuántas familias feudales. Especialmente Banzer se esmeró dictando sus “decretos barraqueros” para beneficio de no más de 200 familias, entre ellas la parentela corrupta de Leopoldo Fernández, el último neoliberal adenista que debe purgar sus responsabilidades por la masacre del pasado 11 de septiembre en El Porvenir, donde intervinieron sicarios del narcotráfico instruidos por el terrorista italiano Marco Marino Diodato.

A pesar de esa abrumadora historia de desvertebración y olvido, “llama la atención” de La Razón que en los últimos años unos indios andinos hayan decidido ocupar ese territorio nacional siempre abandonado.

Entre la mafia adenista y el MAS
Al comentar la emergencia de nuevos barrios y comunidades en los alrededores de Cobija, la capital pandina, el informe de marras asegura que esos nuevos poblados fueron “creados en los últimos tres años y habitados por gente del occidente que en su mayor parte es afín a Evo Morales, el presidente del Estado Plurinacional que buscará su reelección en diciembre de este año”.

Aquí el objetivo sinuoso de La Razón se ve más claro: reducir toda una estrategia de Estado para sentar soberanía en uno de sus territorios más despoblados y desguarnecidos, a una simple y mezquina disputa electorera. ¿Qué periodismo es ese que no tiene escrúpulos en transformar, por arte de la manipulación, un objetivo nacional histórico en un episodio meramente coyuntural? ¿Es intelectualmente honesto confundir una política trascendental de Estado con una vulgar jugarreta partidaria?

“La oposición no tiene dudas” —se desenmascara La Razón—, “el senador Paulo Bravo (Podemos) dice que éste es un plan para que el MAS gane en las futuras elecciones en Pando”.

Paulo Bravo, por sí La Razón no lo sabe, es uno de esos delincuentes de cuello blanco que forma parte de aquellas privilegiadas 200 familias beneficiadas por los “decretos barraqueros” del general Banzer. Socio y cómplice del también senador podemista Roger Pinto quién, no contento con su jugosa dieta, obtenía contratos lesivos con la Prefectura de Pando manejada por Leopoldo Fernández para beneficiar a su empresa constructora con sobreprecios, entre una infinidad de actos delictivos cometidos impunemente durante décadas, aprovechándose del aislamiento físico y administrativo de Pando.

¿No es una “contradicción periodística” en que incurre La Razón al reconocer que la nueva situación migratoria en Pando comenzó hace tres años y no a partir de la actual coyuntura electoral?


Juan Ramón Quintana

La Razón insinúa que el “cerebro gris” de esta “invasión electoral masista” a Pando es el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a quien la mafia de los separatistas pandinos hoy encabezados por los senadores Bravo y Pinto busca satanizar y deslegitimar con burdas calumnias para evitar que la estrategia de soberanía estatal en Pando, amparada por la nueva Constitución, fracase rotundamente. El problema de Pando es pues, entonces, el problema principal de la nueva revolución boliviana y sus enemigos balcanizadores.

Paulo Jorge Bravo Alenca Roger Pinto Molina

Los periodistas opositores incurren en una mirada obtusa al estigmatizar a Quintana como un vulgar dirigente partidario, olvidando deliberadamente que Evo Morales instruyó a su Ministro de la Presidencia llevar el Estado Plurinacional a Pando, porque confía en este sociólogo en grado de maestría que antes fue un destacado capitán del Ejército boliviano con una sólida formación en estrategias de soberanía nacional.

Paradójicamente La Razón y toda aquella prensa controlada por el empresariado fascista, que acusan a Quintana de ser “recaudador” del MAS, apoyan a los sectores más corruptos del propio MAS que busca desplazar a Quintana del entorno presidencial. El estalinismo masista cuyos más visibles representantes son Alex Contreras y Román Loayza, grupo al que acaba de sumarse Marco Carrillo, el ex delegado de Evo en Cochabamba, son los mejores aliados de la mafia pandina en el plan de apartar a Quintana del camino, tal como se demostró cuando Contreras promovió la suspensión de emisiones de Canal 7 a la misma hora en que Leopoldo Fernández movilizaba a sus matones prefectorales para masacrar indígenas en El Porvenir. Esta tendencia claudicante del MAS estalinista llega incluso a sabotear la política informativa oficial que no acompaña adecuadamente al Ministro de la estrategia gubernamental dentro el avispero de Pando.

Pando es mucho más que una plaza electoral y partidaria. Es una parte de la bolivianidad que no deja de dolernos, y un desafío histórico para la Sociedad Civil de donde nace la más autentica necesidad del cambio como un imperativo de la conciencia nacional. El enfoque que desarrollan los colegas de La Razón en este tema, no es precisamente el más honesto ni transparente para contribuir en el eficaz desarrollo de esa nueva conciencia nacional y democrática.

Una apostilla del autor:

Pando o el eslabón más debil

Pando fue siempre el eslabón más débil del debilitado Estado neocolonial. Hoy es un símbolo emergente de la nueva Bolivia en franco proceso de integración.

Sin duda alguna es un gran acierto del Gobierno boliviano priorizar en su agenda la atención debida al Departamento de Pando, tras todo un largo ciclo republicano en el que esta región amazónica del país se mantuvo sumida en el abandono estatal, siendo condenada por ello a una marginalidad institucional y territorial que la convirtió en un feudo inaccesible de mafias políticas y familiares (Leopoldo Fernández, vg) que se arraigaron en medio de la corrupción, el crimen organizado y el constante asedio brasileño. Bajo el actual Gobierno Plurinacional, el Estado boliviano comienza a sentar la soberanía perdida en Pando y ésta es una gestión conflictiva del Ministerio de la Presidencia que debe reforzarse esclareciendo ante la opinión pública del país que dicha presencia estatal en esa región es parte íntima de la Revolución Democrática y Cultural.


Fuente: el autor

Artículo original publicado el 23 de junio de 2009

Sobre el autor

Wilson García Mérida es un autor asociado de Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad lingüística. Este artículo se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor y la fuente.

URL de este artículo en Tlaxcala:
http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=7911&lg=es


Thursday, 16 October 2008

Historia de una institución que preserva la ética del Periodismo Boliviano: A 80 años de la ley de imprenta

Se fue formando al calor de las pugnas ideológicas que, en el siglo 19, protagonizaron los demócratas liberales y los conservadores autoritarios, forjando la singular ética combativa y humanista de los periodistas bolivianos.

El 19 de enero de 1925, hace exactamente 80 años, el presidente Bautista Saavedra promulgó la Ley de Imprenta, institución jurídica que nació tras un intenso debate nacional prolongado desde 1826, cuando el gobierno del mariscal Antonio José de Sucre, fundador de la República, aplicó la Constitución Bolivariana introduciendo la penalización del llamado 'abuso de la libertad de imprenta'.

La necesidad de penalizar los excesos delictuosos del periodismo y otras formas literarias (entonces circunscritas sólo a la tecnología de imprenta o prensa) de difundir ideas y propalar información -respetando a la vez la libertad de expresión en un marco constitucional- es un dilema tan antiguo como el Estado mismo y fue resuelto desde la doctrina democrático-liberal ya en los albores de la naciente Bolivia.

La Ley de Imprenta es un desprendimiento del Código Penal (de hecho es una ley penal, no ordinaria, para castigar la calumnia y la difamación en el trabajo periodístico) que confluyó hacia preceptos libertarios (para garantizar la libre expresión y el derecho a la información) en un ámbito de jurisdicción especial centrada en los Jurados de Imprenta. Fue así cómo confluyeron sabiamente el Derecho Penal y el Derecho Constitucional, las dos vertientes de la Ley de Imprenta, creando un escenario donde las esferas privada y pública están claramente delimitadas. Esta Ley protege el honor y la privacidad de los ciudadanos comunes y castiga severamente a quienes, haciendo abuso de su pluma, hacen escarnio de esos derechos fundamentales de las personas (el honor y la privacidad); pero a la vez garantiza la labor de los periodistas honestos en la tarea de fiscalizar el interés colectivo y luchar contra potentados y gobernantes corruptos.


Una institución histórica

Aquel equilibrio entre lo Penal y lo Constitucional atravesó un proceso de intensa pugna entre las fuerzas del recurrente autoritarismo y de la esporádica democracia. La Ley de Imprenta es fruto de los avances y retrocesos en la correlación de ambas fuerzas que marcaron y marcan aún el devenir histórico de Bolivia. Veamos esta breve cronología:

1826: Sucre impone una Ley calificando los 'abusos de la libertad de imprenta' y sancionando a los infractores con penas de destierro y cárcel.

1834: El Código Penal adoptado por el gobierno del mariscal Andrés de Santa Cruz flexibiliza las penalidades de Sucre y sienta las bases coercitivas de la actual Ley de Imprenta instituyendo la tipificación del 'delito de imprenta'. Establece sanciones pecuniarias y corporales para quienes incurran en ese delito abusando de la prensa; define la individualización de las penas en los autores que firmen los escritos y prevé la responsabilidad subsidiaria de editores e impresores en caso de anónimo. Este mismo Código Penal garantiza la libertad constitucional de escritores y periodistas para criticar y denunciar las injusticias sociales y los malos actos del gobierno; y en su artículo 477 garantiza el secreto del anónimo como un derecho inviolable que será consagrado por la futura Ley de Imprenta.

1851: El gobierno de Belzu contribuye en esta legislación dictando un Decreto Supremo que otorga plenos derechos de imprenta a escritores y periodistas para fiscalizar los actos políticos y administrativos de los funcionarios públicos. El decreto de Belzu exigía que los gobernantes acusados por la prensa inicien juicio a sus acusadores para vindicarse, en un plazo perentorio de cuatro meses, y en caso de no hacerlo al cabo de ese plazo las acusaciones se tomarían como hechos probados con la inmediata destitución del funcionario denunciado. En la futura Ley de Imprenta este gran avance se limitará a una simple prescripción (fenecimiento del caso) a los cuatro meses tras publicada la denuncia.

1855: El presidente Córdova, seguidor de Belzu, emite un Decreto obligando a que las acusaciones de prensa contra personas particulares (que no ejercieran función pública) lleven firma responsable de su autor, siendo responsable de la omisión el editor o impresor. El anónimo, como fuente y autoría, es admitido sólo en caso de denuncias contra funcionarios públicos.

1858: La dictadura de Linares anula los decretos de Belzu y Córdova prohibiendo terminantemente, mediante otro Decreto, la fiscalización de los actos administrativos así como la discusión impresa de cuestiones políticas 'y toda publicación que comprometa el orden público'. Durante el gobierno de Linares era delito escribir y publicar en contra de cualquier funcionario público.

1861: La Asamblea Constituyente reunida durante el gobierno de José María Achá, derogando el decreto de Linares, profundiza y perfecciona el proceso jurisdiccional del derecho de imprenta mediante la Ley de Bases que instituye los Jurados de Imprenta, paralelos a los tribunales ordinarios, para formar una jurisdicción especial donde serán procesados escritores y periodistas. La Ley de Bases de 1861 sienta los fundamentos definitivos de la futura Ley de Imprenta al delimitar los derechos privados de los ciudadanos comunes frente a las atribuciones de los escritores y periodistas para denunciar actos anómalos de gerentes y gobernantes en el ejercicio de sus funciones.

Esta Ley establece que las personas particulares denigradas públicamente (e incluso funcionarios públicos por hechos relativos a su vida privada) podrán enjuiciar a sus detractores mediante la vía ordinaria del Código Penal; y los jurados especiales de Imprenta sólo conocerán quejas de funcionarios públicos o gerentes de sociedades anónimas por hechos estrictamente relativos al ejercicio de sus cargos. En ese marco, la Ley de Bases también ratifica que el secreto del anónimo es inviolable.

1881: El presidente Narciso Campero impone un retroceso en la Ley de Bases dictando un Decreto que exige a los impresores y talleres gráficos contar con un garante personal o fiador muy solvente, que será sujeto de juicio y sanción por la vía ordinaria en caso de libelo contra miembros del gobierno.

1888: En el contexto de la acérrima confrontación entre liberales y conservadores, el gobierno de Aniceto Arce, buscando acallar a la prensa opositora del liberalismo, suprime los Jurados de Imprenta y dispone la detención preventiva de escritores y periodistas al momento de iniciárseles procesos por la vía ordinaria.

1900: Tras la Revolución Federal, el presidente José Manuel Pando promovió la restitución de la Ley de Bases de 1861 mediante un Reglamento de Imprenta que, entre otros aspectos, reactualiza la vigencia de los Jurados de Imprenta como parte consustancial de la democracia municipal.

1918: El Partido Radical a través del gobierno de Gutiérrez Guerra deja sin efecto el Reglamento de Imprenta del 900, los Jurados de Imprenta vuelven a ser proscritos por considerárselos 'impracticables', y a través de un Decreto permite que los funcionarios gubernamentales acusados por la prensa de corrupción y negligencia enjuicien a sus detractores por la vía ordinaria. Esta disposición conocida como la 'Ley del Candado' también elimina el principio de individualización de la responsabilidad del escritor o periodista, co-imputando automáticamente a editores e impresores, lo cual impidió el libre ejercicio literario y periodístico.

1920: El gobierno republicano de Bautista Saavedra emite un Decreto Supremo restituyendo el Reglamento de Imprenta de 1900 (y por tanto la Ley de Bases de 1861) y devuelve vigencia a los Jurados de Imprenta que deben ser constituidos por 40 ciudadanos notables de la comunidad, convocados por el Concejo Municipal de cada Comuna, para instalarse con 12 miembros depurados y sorteados en cada caso a ser procesado, bajo la presidencia de un Juez de Partido en lo Penal.

1925: El Decreto del 17 de julio de 1920 es elevado a rango de Ley por iniciativa de los congresales José Quintín Mendoza, David Alvéstegui, León Manuel Loza, Bernardo Navajas Trigo y Felix Capriles. Es la que conocemos hoy como Ley de Imprenta.



Hacia la Constituyente

Como acabamos de constatar, la Ley de Imprenta promulgada el 19 de enero de 1925 es más 'antigua' de lo que se supone, tanto como el Código Penal, el Código Civil o la propia Constitución Política del Estado. Al igual que aquellas instituciones jurídicas, la Ley de Imprenta tuvo una evolución intensa desde la fundación de la República particularmente en el siglo IXX, al fragor de una tensión ideológica permanente entre demócratas liberales y autoritarios conservadores. En el siglo XX, los códigos Penal y Civil -y la propia Constitución- fueron varias veces modificados y reformados, sin desaparecer, ajustándose las necesidades concretas de cada coyuntura histórica; pero la institución de la Ley de Imprenta no tuvo esa suerte, se estancó en 1925 sufriendo una desactualización en su forma aunque permanece vigorosa y sabia en su espíritu.

Primero la Guerra del Chaco y los sucesivos gobiernos militares que emergieron de aquel conflicto bélico, luego la Revolución de 1952 con su secuela de dictaduras partidarias y castrenses, y finalmente el neoliberalismo autoritario con su arraigada cultura de corrupción, condenaron a la Ley de Imprenta a un deliberado olvido y marginación de las voluntades políticas que impidieron que esta importante Ley se modernice y se enriquezca con el advenimiento de la radiofonía, la televisión y el internet como nuevos medios de expresión e información, además de la imprenta. Para las generaciones de políticos que emergieron con la revolución del 52 enriqueciéndose en el Poder, no fue necesario abolir la Ley de Imprenta. Fue suficiente la liquidación de la democracia municipal, que es la fuente constitutiva de los Jurados de Imprenta. A partir de 1951 los concejos municipales dejaron de funcionar durante más de 35 años, confinando a la Ley de Imprenta a un estancamiento formal que a los regímenes neoliberales no les interesó superar.

La próxima Asamblea Constituyente, que se supone profundizará la democracia fortaleciendo las instituciones jurídicas y ciudadanas, tendría que asumir la impostergable tarea de actualizar la letra de la Ley de Imprenta poniéndola a altura del siglo XXI, sin dañar su espíritu libertario, articulándola de mejor manera con otras normas vigentes y concomitantes como la Ley de Funcionario Público, la Ley de Partidos (que da a los políticos rango de servidores públicos) y el propio Código Penal, el cual desde las reformas de Banzer desconoce la existencia institucional de la jurisdicción de Imprenta que acaba de cumplir 80 años. No debemos olvidar que la Ley de Imprenta es recíproca con el Código Penal al derivar ciertos casos a la vía ordinaria, de hecho los Jurados de Imprenta son presididos por un Juez de Partido en lo Penal; pero el Código se resiste a reconocer esta jurisdicción especial. La Constituyente debería resolver esta crisis de reciprocidad.

Wilson García Mérida
DATOS & ANALISIS

Nota: Texto originalmente publicado en La Fogata el 21 de enero de 2005 pero que viene muy a propósito en las actuales coyunturas del país.